DESENCUENTROS TERRITORIALES 2 – LOS CONFLICTOS TERRITORIALES EN LA ALTILLANURA, PUTUMAYO Y MONTES DE MARIA

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INTRODUCCIÓN

Después de concluir con éxito la primera fase de la investigación sobre los conflictos territoriales en el Departamento del Cauca, presentada en el Tomo I de esta colección, en el marco de un segundo Convenio de asociación entre el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, INCODER, y la Pontificia Universidad Javeriana de Cali (año 2013), se desarrollaron tres investigaciones de caso sobre conflictos territoriales en otras regiones del país, estratégicas para la construcción de la paz en el campo colombiano; en donde además es fundamental avanzar en la formulación e implementación de modelos de desarrollo rural incluyente, que integren las diferentes visiones que sobre el territorio y sus usos existen. Estas investigaciones presentan una aproximación a la situación territorial de las regiones escogidas, haciendo énfasis en la caracterización de los actores rurales presentes en el territorio, la caracterización y análisis los conflictos urgentes y potenciales que se presentan entre ellos y del contexto en el cual ocurren.

Las tres regiones escogidas para las investigaciones de caso de esta segunda etapa fueron: en primer lugar, el departamento del Putumayo, ubicado en la región amazónica al sur de Colombia, el cual representa el 2.2% del territorio nacional y está conformado por 13 municipios (Mocoa, Santiago, Colón, Sibundoy, San Francisco, Villagarzón, Puerto Guzmán, Puerto Caicedo, Puerto Asís, Orito, Valle del Guamuez, San Miguel y Leguízamo; en segundo lugar, la Altillanura que se extiende por más de 13 millones de hectáreas (13’557,956.35 ha) en el oriente de Colombia y está confirmada por los municipios de Puerto López, Puerto Gaitán y Mapiripán en el departamento del Meta, y Santa Rosalia, Cumaribo, La Primavera y Puerto Carreño en el departamento del Vichada; y en tercer lugar, la región de Montes de María, ubicada entre los departamentos de Bolívar y Sucre, e integrada por 16 municipios, de los cuales 7 pertenecen al departamento de Bolívar (Córdoba, El Carmen de Bolívar, El Guamo, María La Baja, San Jacinto, San Juan Nepomuceno y Zambrano) y 9 del departamento de Sucre (Chalán, Colosó, Los Palmitos, Morroa, Ovejas, San Antonio de Palmito, San Onofre, Tolúviejo y Corozal)[1].

Para el Caso del Putumayo, uno de los elementos más impactantes de la forma como se ha construido la territorialidad, es el despojo del que han sido víctimas los pueblos indígenas ancestrales de esta región del país. Los Siona, Cofan y Camentsá pasaron de tener territorios extensos en la época prehispánica, a contar con resguardos pequeños, fragmentados y dispersos. Dicho despojo está vivo en los testimonios de estos pueblos y subyace a muchos de los conflictos territoriales que han sido identificados en el marco de este estudio. La vigencia del despojo hace más admirable la disposición al diálogo y a la concertación de intereses con otros actores étnicos y culturales que demuestran estos Pueblos. La problemática del departamento del Putumayo está simultáneamente reflejada en y causada por la ausencia de un modelo de ordenamiento territorial concertado entre los actores e intereses diversos – y a menudo divergentes-. La falta de un ordenamiento territorial permite el avance de apetitos voraces sobre el territorio y sus recursos sin contemplación de la base natural, de la población y la posibilidad de vida digna en sus fincas y territorios. Esto es tangible, entre otras cosas, al analizar el uso que se le ha dado al territorio tras las sucesivas sustracciones que se han practicado a la reserva forestal de Ley 2 de 1959.

El caso de los conflictos territoriales en la Altillanura, ofrece la posibilidad de comprender las trayectorias vividas por diferentes territorios en el país, y enfrentadas por comunidades rurales, en donde aparecen en escena la transición del conflicto armado a situaciones de postconflicto, el aumento de la inversión estatal en infraestructura, a pesar de haber sido históricamente zonas olvidadas por el Estado, y un incremento significativo del interés y las inversiones de megaproyectos mineroenergéticos, agroindustriales o de especulación inmobiliaria. La compresión de la matriz de articulación entre esos fenómenos nos permite aproximarnos entonces a entender las lógicas del despojo y acaparamiento de tierra.

El análisis construido para la región de Montes de María, surgió de la necesidad de estudiar las posibilidades, ventajas y reto de lo que significa la constitución de una zona de reserva campesina, la cual ha sido propuesta por diferentes organizaciones campesinas en el territorio. El estudio permite evidenciar en primer lugar las nefastas consecuencias en términos de despojo y violación de derechos humanos que vivió la región durante la acción de los grupos paramilitares a principios del milenio; el incremento de megaproyectos agroindustriales, la expansión de la ganadería extensiva; y en ese marco la lucha por la protección de los territorios de comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes que articulan esfuerzos y se enfrentan al reto de armonizar las diferentes figuras de ordenamiento social y ambiental de la propiedad.

En los tres casos estudiados es evidente la necesidad de construir modelos de desarrollo rural con enfoque territorial que comprenda, ponga en diálogo e incluya las diferentes visiones e intereses que existen sobre los territorios, y que priorice en los procesos de ordenamiento social y ambiental de la propiedad la función social de la misma, y la garantía de los derechos de comunidades rurales étnicas y campesinas presentes en los territorios. Estos tres casos evidencias varios de los retos que el país deberá enfrentar en la construcción de la paz.

[1] El municipio de Corozal será excluido del análisis presentado a lo largo del informe, debido a la escasa información recolectada sobre el mismo. A pesar de ello, en los mapas a continuación se mostrarán los 16 municipios que conforman esta región (incluyendo a Corozal)”

 

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Acerca de LaDireKta

Antropologo Universidad Nacional de Colombia, miembro del Colectivo de Comunicación Popular la DIREKTA-Medvedkino. Coordinador del área de investigación aplicada del Centro de Estudios Interculturales, Universidad Javeriana de Cali

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